Iniciativa Sinaloa, por ejemplo, reveló, en 2020, que los gobiernos estatales y municipales de la frontera norte de México desviaron, a través de empresas fachada, más de 2.6 mil millones de pesos en el mismo periodo analizado por el SAT. Esa cifra fue identificada por la ONG tras realizar una solicitud de acceso a la información al SAT, que resultó en la entrega de 15,000 facturas emitidas por empresas fachada a gobiernos fronterizos, de acuerdo a Miriam Ramírez, coordinadora de proyectos de la Iniciativa.