Los condados de Harris y Montgomery en Texas se han convertido en el sitio predilecto para ex funcionarios mexicanos que, a través de la compra de inmuebles, lavaron dinero ilícito y ahora se encuentran acusados de corrupción.

¿Qué tienen en común, en Estados Unidos, los siguientes ex funcionarios mexicanos: el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-12); el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya (2012-16); y el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte (2010-16), junto con varios miembros de su gabinete?

Todos son acusados de corrupción y compraron bienes inmuebles en los condados de Harris y Montgomery, Texas, entre 2009 y 2018 con dinero presuntamente de origen ilícito. ¿Qué hace tan atractivo a Texas para los funcionarios mexicanos? ¿Y qué podrían hacer las autoridades en México y Estados Unidos para prevenir estos casos?

México es el país latinoamericano con el mayor número de funcionarios que lavan dinero a través de la compra de bienes raíces en Estados Unidos, según la organización Global Financial Integrity, con datos de 2015 a 2020. A la lista se suman personajes como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz del gobierno de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, y el ex titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz de la misma administración, José Antonio Mansur, según demandas en Estados Unidos.

Pero también hay casos como el del ex diputado federal Carlos Lomelí, quien no arrastra denuncias por corrupción en México, pero ha sido vinculado a la red del presunto narcotraficante Raúl Flores, al ser socio de la empresa “Servicios Educativos y de Negocios” boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 2014, Lomelí compró una residencia de 882 metros cuadrados por casi 3 millones de dólares en el vecindario exclusivo de The Woodlands, al norte de Houston, Texas, según su declaración patrimonial.

Los documentos relacionados a la investigación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) de los Estados Unidos contra la Red Flores se encuentran sellados, pero fue un caso que trascendió en 2017 porque involucró a celebridades como el futbolista Rafael Márquez y el cantante de música regional mexicana conocido como Julión Álvarez.

“Una característica principal, que no sucede siempre, pero es importante ver, es la presencia y existencia de delitos precedentes al lavado de activos. Uno bastante importante es el narcotráfico”, dice María Sofía Reiser, investigadora del Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad, en Reino Unido, también conocido como RUSI.

Señala que el crimen organizado tiene una mayor presencia en países productores o con tráfico de drogas, “lo cual significa mucha cantidad de dinero que luego debe ser lavada”.

Genaro García Luna, por ejemplo, está siendo procesado en Estados Unidos por tráfico de drogas, pues se le acusa de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa mientras fue un el máximo responsable de la seguridad del país. En 2018, un miembro de la misma red que tejió para desviar dinero del narcotráfico adquirió una propiedad en The Woodlands a través de la empresa fantasma Damari LLC, incorporada en Delaware, un paraíso fiscal.

Regularmente, las personas que lavan dinero esconden su rastro mediante el uso de fideicomisos, empresas fantasma y prestanombres, como pueden ser abogados, amigos y/o familiares. Solo en Estados Unidos, el 82 por ciento de los casos de lavado de dinero con bienes raíces involucran el uso de una sociedad mercantil para encubrir a los beneficiarios reales, según el informe del Global Financial Integrity, “Acres of Money Laundering: Why U.S. Real Estate is Kleptocrat’s Dream”, publicado en agosto de 2021.

Por ejemplo, Duarte, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, adquirió propiedades en Harris, Texas, a través de prestanombres y empresas fachada, según los casos 2018-09526 y 2018-06745 presentados ante la Corte del Distrito Judicial del Condado de Harris. A través de esas demandas, el estado de Veracruz solicitó la devolución de seis bienes inmuebles ubicados en The Woodlands, Spring y Tomball, Texas.

“Se presume que Duarte se fugó con casi 3 mil millones de dólares del dinero de su estado. Este dinero robado se utilizó para invertir y comprar casas y coches de lujo por todo Estados Unidos”, explica la primera demanda que cerró por inactividad de parte de los litigantes en enero de 2020. La segunda demanda se encuentra en apelación.

“Es un tema complejo porque cada país tiene una jurisdicción y legislación diferente a pesar de que los temas de prevención del lavado de dinero son bastante comunes”, dice Fausto Bañuelos, experto en derecho preventivo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

En muchos países, incluido Estados Unidos, las empresas no están obligadas a decir quién es su propietario, apunta la investigadora de RUSI. Esto aumenta la complejidad al momento de investigar redes de lavado de dinero. Duarte, por ejemplo, adquirió propiedades en Texas mediante la empresa Shallowford PL, LLC, cuyo agente registrado -o representante legal- era a su vez otra empresa, Twoofficesuites, LLC, representada por Jose A. Bandin.

Solo en Estados Unidos, se lavaron por lo menos 2.3 mil millones USD, entre 2016 y 2021, a través de la compra-venta de bienes raíces. Para México no existen estimaciones porque no existe una metodología que establezca los lineamientos para medir el volumen de recursos ilícitos, según la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, la dependencia reconoce que estos flujos “han aumentado considerablemente los últimos años e impactan directamente en el desarrollo de un país”.

“Se conocen los montos que se denunciaron por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el monto de los recursos bloqueados y con ello se pudo esbozar un panorama del volumen de recursos que se manejan en las operaciones realizadas por sujetos denunciados por Lavado de Dinero”, detalla el informe. En este documento se calcula un billón de pesos (47.6 billones de dólares al tipo de cambio actual) en recursos ilícitos susceptibles al lavado de dinero, entre 2016 y 2018, por corrupción, contrabando y delitos de participación del crimen organizado.

México fue señalado en 2019 como el tercer mayor exportador de capitales ilícitos en el mundo, superado solo por China y Rusia, según la ex titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, ninguna estimación se enfoca en el lavado de activos con bienes raíces.

Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera muestran que el derecho de uso o goce de bienes inmuebles generó un total de 1,978,899 avisos entre 2013 y 2021. Estos son reportes que por ley deben presentar las personas involucradas en una actividad vulnerable, cada vez que realicen transacciones potencialmente de riesgo, por ejemplo, cuando el valor de un inmueble supere los 772,165 MXN (equivalentes a 36,797 USD). El número de avisos por uso o goce de bienes inmuebles solamente fue superado por actividades como el traslado o custodia de dinero, los préstamos o créditos, servicios de comercio exterior y vehículos aéreos, marítimos o terrestres en el periodo señalado.

“Con las bienes raíces, todo lo que necesitas es comprar la casa y si la vendes al mismo precio, ese dinero ya está limpio. Así puedes integrar esos fondos a la economía legal y pueden ser declarados legalmente”, dice Reiser.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Anti-Lavado, sirve para “regular las operaciones propensas a ser utilizadas para lavar dinero”, tales como las apuestas en casinos, compra de arte y joyas, y compra, venta o renta de inmuebles. A estas actividades se les conoce como “actividades vulnerables”.

“Son vulnerables porque se ha detectado, en las tipologías o análisis de cómo se lleva a cabo el delito, que son algunas de las formas más usadas para lavar dinero, entonces con recursos de origen ilícito se hacen transacciones o se compran bienes inmuebles, que permiten ya sea que se estratifican o se integre [el dinero a la economía legal]”, explica Bañuelos, el especialista en Prevención de Lavado de Dinero y socio director de la consultora Nexum SAU.

En México, todas las personas involucradas en una actividad vulnerable están obligadas por ley a dar avisos a la SHCP sobre una operación cuando el pago se realiza en efectivo o simplemente cuando el monto supera los máximos establecidos por la Ley Anti-Lavado.

“Si tú realizas una actividad vulnerable, estás sujeto al régimen. La autoridad puede presumir que a lo mejor tú formas parte de un entramado que está hecho para eso, para hacer transacciones con recursos de procedencia ilícita, y en ese caso hay que ser cuidados, el ser omiso te coloca en el supuesto del delito”, explica el especialista en prevención de lavado de dinero.

Sin embargo, en Estados Unidos no es obligatorio que los agentes de bienes raíces presenten avisos, principalmente porque, ante las leyes estadounidenses, la responsabilidad recae en las instituciones financieras, de acuerdo a la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces de ese país (NAR).

“Es importante ver qué países o regiones presentan la oportunidad de lavar el dinero, qué tan libre es el sector financiero y cómo funciona, y por otro lado qué tanto está regulado el sector”, dice la investigadora de RUSI.

Los condados de Harris y Montgomery se caracterizan por tener zonas residenciales exclusivas que han sido atractivas para la clase alta mexicana. Paradójicamente, algunos de sus residentes explican que se mudaron a estos vecindarios huyendo del crimen que se disparó en México tras la guerra contra las drogas, solo para convertirse en vecinos de algunos de los mismos funcionarios que hicieron negocios con los cárteles mexicanos. En zonas como The Woodlands, en Montgomery, la afluencia de mexicanos es tan alta que ya le merita, a modo de broma, el título de Pequeño México.

En 2013, por ejemplo, Emilio Lozoya compró una mansión de 1,058 metros cuadrados, valorada en 14 millones USD, en este mismo vecindario. Luego fue arrestado en España, en 2020, por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Actualmente, su proceso sigue abierto.

¿Qué podrían hacer las autoridades de México y Estados Unidos para prevenir el lavado de dinero con bienes raíces? Los especialistas consultados para este reportaje opinan que lo principal sería contar con un registro de beneficiarios reales, tal como se expuso en una publicación anterior de Empower.

También, apuntan que es importante conocer los contextos de cada país, en cuanto a la presencia de grupos criminales que constantemente buscan la forma de lavar sus activos, así como garantizar que todas las personas involucradas en una actividad vulnerable participen en la identificación de riesgos y en una oportuna presentación de avisos a las autoridades correspondientes.

“Mientras más información correcta esté disponible, más fácil será siempre identificar las señales de alerta”, dice Reiser.

En cuanto al caso de México y sus funcionarios, Bañuelos ve oportunidades específicas como instruir a las partes obligadas a supervisar y a presentar los avisos correspondientes cuando un caso lo amerita.

“El área de oportunidad está en todos lados, tanto en las autoridades para poder pulir los procesos, como para los sujetos obligados, nosotros, que nos demos de alta en el portal antilavado, que se nombre a un representante encargado del cumplimiento de la ley, que se integren expedientes, se manden reportes de operaciones inusuales y se profesionalice el tema”, dice Bañuelos.

En noviembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera aplicó su primer examen para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a profesionales que se dedican a las actividades vulnerables enlistadas en la Ley Anti-Lavado. A ésta se registraron 1,105 participantes, pero solamente lo aprobaron 372, según información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. En contraste, el portal de prevención de lavado de dinero reporta más de 70,000 entidades registradas que son sujetas a la Ley Anti-Lavado, pero, al día de hoy, no es obligatorio contar con este certificado para operar en México.

En 2018, Empower publicó los resultados de una investigación hecha en colaboración con organizaciones de derechos humanos en México que acompañan a víctimas de graves crímenes en Veracruz y Coahuila. El proyecto se llamó “La pista del dinero: crímenes corporativos, flujos ilícitos y violencia en México” y con él se documentaron redes criminales integradas por funcionarios, empresarios y representantes de los cárteles mexicanos.

En este 2022, Empower prepara el lanzamiento de tres nuevas investigaciones que profundizan en el uso de la violencia para ejercer control sobre el territorio y los flujos ilícitos, particularmente en Veracruz, donde varios ex funcionarios del gobierno estatal de Duarte (2010-16) entablaron pactos de impunidad con grupos del crimen organizado para desviar dinero mediante la asignación de contratos públicos y tácticas como la compra de bienes inmuebles en lugares como Harris, Texas. Tales investigaciones revelarán transacciones económicas que ocurrieron, en la mayoría de los casos, mientras esos mismos funcionarios desplegaban operaciones de seguridad que dejaron a miles de personas desaparecidas en el marco de la Guerra contra las Drogas.