México
Según ProDESC, “La narrativa tanto del Estado como de las empresas con respecto a la práctica de desposesión de territorio y activos naturales es hablar sobre la crisis climática sin abordar los derechos de las comunidades indígenas u originarias. Estas empresas continúan contaminando, por supuesto, de otra manera, y avanzan en el sector energético sin hacer nada por los derechos humanos”.
Desde 2005, ProDESC — una organización mexicana de derechos económicos, sociales y culturales — ha acompañado a comunidades afectadas por proyectos extractivos y de desarrollo. Emplea una metodología integral de defensa en la que la comunidad y la organización trabajan de la mano a lo largo de las etapas de una campaña de derechos humanos. Hasta la fecha, la mayoría de sus esfuerzos se han centrado en la responsabilidad empresarial y los problemas de tierras, territorios y recursos naturales, ya sea con pueblos indígenas, propietarios rurales, trabajadores, migrantes o mujeres.
Dos de los casos de ProDESC — uno con comunidades indígenas agrícolas y pesqueras enOaxacay otro con propietarios rurales en la selva de lapenínsula de Yucatán— han tenido lugar en el contexto de la transición energética. El primero involucra un proyecto de parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, sitio del megaproyecto de México para crear el corredor de transporte transmodal más corto entre los océanos Atlántico y Pacífico. Allí,Électricité de France—la empresa estatal francesa, conocida como EDF— buscó construir un parque eólico en tierras indígenas de la comunidad de Unión Hidalgo sin obtener el consentimiento para el uso de la tierra.
Tras un esfuerzo de organización comunitaria y litigio estratégico de varios años, ProDESC presentó el segundo caso en Francia utilizando la ley de diligencia debida de ese país, junto con el apoyo delCentro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos(ECCHR, por sus siglas en inglés). Aunque el tribunal francés aún no ha emitido una decisión final, ProDESC, ECCHR y la comunidad obtuvieron fallos procedimentales favorables. Más importante aún, en 2022, el Gobierno mexicano canceló los contratos de producción de EDF. Posteriormente, un tribunal agrario reconoció que las tierras de Unión Hidalgo no están sujetas a propiedad individual.
La directora ejecutiva de ProDESC, Alejandra Ancheita, explica: “En este caso, varios elementos de captura corporativa fueron evidentes: influencia indebida en los procesos de toma de decisiones comunitarias, puerta giratoria, interferencia a nivel legislativo y judicial, diplomacia económica y construcción de narrativas contrarias a los derechos humanos, entre otros.”
El segundo caso, que involucra a propietarios rurales (ejidos) en la península de Yucatán, se refiere a los intentos del Estado de desposeer a lacomunidad de Dziuchéde sus tierras para desarrollar proyectos de ecoturismo como parte delmegaproyecto del Tren Maya,que busca unir proyectos masivos de combustibles fósiles y sitios turísticos a través de un ferrocarril industrial y de pasajeros combinado. Después de haber perdido inicialmente 10,000 hectáreas sin haber sido consultados, la comunidad solicitó la ayuda de ProDESC y presentó un amparo contra la expropiación. Hasta principios de 2024, ProDESC y la comunidad habían recuperado 8,000 hectáreas y estaban demandando para obtener el resto.
Según Ancheita, “En Yucatán, con los ejidos, la actual gobernadora del Estado de Quintana Roo lanzó una propuesta de ‘turismo social’, con la idea de ceder territorios al estado. Lo que no está diciendo es que tiene una alianza con un grupo de la sociedad civil llamado Amigos de Xian Khan que tiene participación de Carlos Slim [el hombre más rico de México], que realmente existe para liberar tierras para que las empresas aprovechen el proyecto del Tren Maya. Lo que no dicen es que esta supuesta organización de la sociedad civil es la que supervisará y legitimará los proyectos que terminen despojando a las personas de las tierras ejidales, con contratos de 90 años, por decreto del gobernador, dejándolos con pocos derechos. Toda la narrativa es seudoambientalista, conservación, alternativas a la crisis climática, etcétera — en otras palabras, lavado verde de imagen para ocultar el despojo, dejando básicamente a los agricultores sin otra opción que convertirse en mano de obra barata para el turismo”.
Aunque ambos casos fueron provocados por la captura corporativa—permisos ilegales para EDF a cambio de desarrollo de energía renovable en Oaxaca y astroturfing y greenwashing en Yucatán—,el problema más profundo es cómo las empresas y los Estados dividen a las comunidades y explotan la falta de unidad.