La estrategia de formar un grupo público de OSC para colaborar con la Comisión Zondo y exigirle responsabilidad, junto con la profunda experiencia académica, de investigación y litigio de sus organizaciones integrantes, ha resultado en una innovación única en cuanto a cómo los actores no estatales pueden exponer y detener la captura del Estado.
El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre Captura del Estado en Sudáfrica (CSWG, por sus siglas en inglés), fundado en 2018, es una coalición de 23 organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoya y fortalece el trabajo de la Comisión Zondo, la investigación pública que inicialmente fue creada para investigar el escándalo de corrupción Gupta-Zuma. La organización sin fines de lucroOpen Secretsactúa como secretaría de la coalición.
Debemos recordar que, en Sudáfrica, el término “captura política del Estado” —o simplemente “captura del Estado”— es una descripción más adecuada que la “captura corporativa”, que, con la excepción del trabajo del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil, sigue siendo poco explorada en ese país.
Según su sitio web, “El Grupo de Trabajo ha logrado [supervisar la Comisión Zondo] a través de diversos medios, utilizando la defensa, el compromiso con la comisión y realizando más de 15 presentaciones basadas en evidencia a la comisión. Además de esto, el Grupo de Trabajo organizó exitosamente la primera Audiencia Popular sobre la Captura del Estado, que fue creada para involucrar abiertamente al público y escuchar evidencia de cómo la captura del Estado ha impactado en la vida de las personas. Las conclusiones realizadas por el panel que presidió la Audiencia Popular fueron compartidas con la comisión en noviembre de 2019 y sirven como un poderoso recordatorio para todos sobre cuál es el costo humano de la captura del Estado y lo que sigue siendo. En febrero de 2020, el grupo de trabajo presentó una Agenda para la Acción: Presentación conjunta con recomendaciones orientadas a fortalecer los hallazgos de la comisión y, notablemente, pide al juez Zondo que publique un informe provisional dada su extensión, lo que ayudará a reforzar la rendición de cuentas. El Grupo de Trabajo continúa abogando por la implementación de las recomendaciones de su presentación conjunta, así como por mantener la supervisión sobre la comisión, las agencias de aplicación de la ley y los ‘facilitadores de la captura del Estado’ del sector privado”.
Una de las contribuciones más destacadas del CSWG fue la organización de laAudiencia Popular sobre la Captura del Estado,en octubre de 2019, que contó con testimonios públicos de testigos y víctimas de la captura del Estado. Fue presidida por la experta en justicia penal internacional, Yasmin Sooka; la activista de género y política, Nomboniso Gasa; y la defensora de los derechos humanos de Xolobeni, Nonhle Mbuthuma.
Sus recomendaciones finales identificaron cinco áreas que requieren atención crítica:
“El costo humano de la captura del Estado y su contribución al empobrecimiento y la desigualdad proporciona la urgencia necesaria para las reformas establecidas en esta presentación. Esta es nuestra agenda para la acción”.
De manera similar, en “Una Agenda para la Acción: Una Presentación Conjunta del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre Captura del Estado“, el CSWG delineó recomendaciones para la protección de los derechos de los grupos vulnerables, incluida la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública y protecciones para los denunciantes. Además, en relación con lasempresas estatales,recomendó revisar los procesos de nombramiento y despido de los ejecutivos de las empresas, transparencia y rendición de cuentas en lo que respecta a las relaciones de las empresas estatales con otras partes del Estado, rendición de cuentas de los partidos políticos y respecto al papel del Parlamento, e interrogar el uso de “condiciones de emergencia” para iniciar acuerdos de contratación.
Respecto a la captura corporativa, “Una Agenda para la Acción” recomendó investigar a todas las partes implicadas, reformas legales — lo que incluye abordar lagunas regulatorias para responsabilizar a los actores privados por conductas ilícitas (tanto a nivel global como nacional) y el deficiente marco legal de Sudáfrica respecto al conocimiento público de la titularidad real (no hay un registro público de la propiedad real)—, y reembolsar al público por los fondos desviados.
La secretaría del CSWG es alojada porOpen Secrets,una ONG que expone y promueve la rendición de cuentas por crímenes económicos del sector privado que han impactado en los derechos humanos, mediante investigaciones, defensa y derecho. Es importante destacar que la organización ha llevado a cabo investigaciones significativas sobre los “facilitadores de la captura del Estado”, es decir, las corporaciones, proveedores de servicios económicos y otros intereses privados que “suministran” la captura del Estado. El informe“Los Facilitadores: Los Banqueros, Contadores y Abogados que se Beneficiaron de la Captura del Estado”,coautoría de Open Secrets y Shadow World Investigations, es un ejemplo destacado de este trabajo ya que explora el papel clave desempeñado por los “facilitadores”.