Un problema desafiante que enfrentan numerosos defensores de la rendición de cuentas corporativa, defensores de los derechos humanos y titulares de derechos, así como periodistas y organizaciones mediáticas, son los intentos patrocinados por corporaciones para limitar nuestros derechos a protestar o expresarnos en su contra.
Una destacada coalición de organizaciones de la sociedad civil, el Grupo de Trabajo “Proteger la Protesta” (“Protect the Protest” Task Force), lidera la resistencia contra esos intentos.
Según el Grupo de Trabajo “Proteger la Protesta”, “Un número creciente de corporaciones, bufetes de abogados e individuos están intentando intimidar a los vigilantes públicos con una serie de tácticas represivas, especialmente ‘Litigios Estratégicos Contra la Participación Pública’ (SLAPPs, por sus siglas en inglés). Los SLAPPs se disfrazan como demandas civiles legítimas, pero son un abuso del sistema judicial y una amenaza para la democracia. Durante décadas, intereses poderosos han presentado estas demandas sin mérito, sabiendo que no pueden ganar pero esperando intimidar y silenciar a los vigilantes públicos. El abuso de los tribunales para silenciar la libertad de expresión es parte de una tendencia global. Los intentos de cerrar el espacio cívico se han intensificado en todo el mundo, ya que aquellos que hablan verdad al poder son acosados, encarcelados e incluso asesinados. Los legisladores están aprobando leyes para criminalizar las protestas. A los periodistas se les está restringiendo su capacidad para informar sobre temas sensibles. Los gobiernos no son los únicos responsables de suprimir la libertad de expresión, la libertad de reunión y la disidencia. Las corporaciones y los magnates multimillonarios están utilizando SLAPPs para tratar de limitar los derechos de la Primera Enmienda de sus críticos”.
Una preocupación relacionada es la retirada de la publicidad corporativa y gubernamental para las organizaciones mediáticas. Si bien los medios de comunicación sirven como una forma particular de resistencia contra la captura, las corporaciones y los gobiernos ejercen presión para limitar las acciones de periodistas y organizaciones de noticias percibidas como hostiles.
Por ejemplo, en Sudáfrica, durante los procedimientos de la Comisión Zondo y las secuelas del escándalo Gupta-Zuma, el Estado dejó de financiar a los medios de comunicación críticos al retirar los contratos de publicidad, lo que llevó a la censura y al cierre de medios de comunicación.