Comisiones de investigación pública
Como innovación independiente, la Comisión Judicial de Investigación de Denuncias de Captura del Estado, Corrupción y Fraude en el Sector Público, incluidos los Órganos del Estado en Sudáfrica —también conocida como Comisión Zondo— es un claro modelo de cómo los países pueden investigar denuncias de captura. Como un órgano inquisitorial, pero que permite la participación pública y la contribución de la sociedad civil, una comisión de investigación pública es una oportunidad rara para que el Estado se vea a sí mismo por dentro. El caso de Sudáfrica no está solo.
De acuerdo con la RiskMonitor Foundation,“El procedimiento de ‘Investigación Pública’ es una revisión oficial de eventos o acciones ordenada por un organismo gubernamental. No está presente en Bulgaria, pero existe en muchos países de derecho anglosajón, como el Reino Unido, Irlanda, Australia y Canadá. Una Investigación Pública acepta evidencia y lleva a cabo sus audiencias en un foro público. Los miembros interesados del público y las organizaciones no solo pueden presentar informes escritos de evidencia, sino también escuchar la evidencia oral presentada por otras partes. Las conclusiones de la investigación se entregan en forma de un reporte escrito, primero al gobierno y poco después se hace público. El informe generalmente hará recomendaciones para mejorar la calidad del gobierno o la gestión de las organizaciones públicas en el futuro. En el caso búlgaro, un nuevo tipo de investigación parlamentaria extendida podría informar al público, a los legisladores, a los expertos y a los responsables de políticas sobre cómo prevenir casos de gran importancia, de gran escala y de un gasto público significativo”.
Recomendaciones de la Comisión Zondo
Lo siguiente son losaspectos de la captura del Estadoen los que se centró la Comisión Zondo, los cuales pueden adaptarse a otros contextos:
- Nombramientos en altos cargos de la función pública: El principal problema identificado por la Comisión fue que los nombramientos eran dirigidos por los Guptas para asegurar contratos públicos, por ejemplo, los directores ejecutivos de Eskom y Transnet. Algunas de estas informaciones se obtuvieron a través de filtraciones, algunas de denunciantes y el resto de la Defensora del Pueblo. Como consecuencia, la Comisión hizo extensas recomendaciones relacionadas con los nombramientos de alto nivel, incluida la creación de nuevos mecanismos para designar a los funcionarios públicos. La recomendación central fue separar los poderes y despolitizar los nombramientos para puestos de alto cargo. El Instituto de Investigación de Asuntos Públicos (PARI, por sus siglas en inglés) también recomendó varias propuestas de reforma para racionalizar el proceso de nombramientos. El presidente Ramaphosa realizó algunas reformas para cumplir con sus promesas a la Comisión; sin embargo, falta nueva legislación.
- Contratación pública: La Comisión recomendó la “publicación de una carta nacional contra la corrupción en la contratación, con un código de conducta vinculante; la creación de una agencia independiente contra la corrupción en la contratación que incluya un consejo, una inspectoría, una unidad de litigios, un tribunal y una corte; la creación de un cuerpo profesional de oficiales de contratación; y varios otros cambios en la legislación y regulaciones de contratación pública. La Comisión también recomendó mejorar la transparencia y fortalecer las protecciones para los denunciantes”.
Hizo un “buen trabajo” al establecer los mecanismos exactos para los procesos de contratación, que son ampliamente aplicables. Sin embargo, no separó las preguntas de contratación y anticorrupción. En su lugar, el Gobierno propuso un nuevo Proyecto de Ley de Contratación Pública y un jefe de oficina de contratación, sin crear un regulador independiente u oficina anticorrupción.
Desde la perspectiva del Centro de Estudios Legales Aplicados (CALS, por sus siglas en inglés) como parte del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre Captura del Estado (Civil Society Working Group on State Capture), observa que las leyes de contratación son demasiado extensas y, por extensión, fácilmente manipulables. Por ejemplo, es fácil para un funcionario público declarar una emergencia y evadir las leyes de contratación, algo que está en curso en términos de adquisición de carbón para gestionar la crisis energética.
- Instituciones de supervisión: Como se mencionó, la Comisión propuso “varias reformas que deben ser consideradas por el Parlamento, incluida la creación de un comité de supervisión sobre la Presidencia, la introducción de un sistema electoral basado en circunscripciones y diversas intervenciones para mejorar la efectividad de los comités de supervisión”. Hubo mucho apoyo para las reformas relacionadas con los denunciantes; sin embargo, la legislación propuesta no llegó lo suficientemente lejos, careciendo de seguridad, apoyo o incentivos para los denunciantes. En general, muchas de las propuestas de la Comisión se centraron en el papel del Parlamento, principalmente en su obligación constitucional de responsabilizar al Presidente.
- Procesamientos: “Que se investigue más a varios individuos implicados y posiblemente se les procese por su participación en la captura del Estado, principalmente por cargos de fraude, corrupción, lavado de dinero, contravención de la Ley de Gestión Financiera Pública (PFMA), la Ley de Prevención y Combate de Actividades Corruptas [Prevention and Combating of Corrupt Activities Act] y la Ley de Prevención del Crimen Organizado [Prevention of Organised Crime Act], y asociación delictiva”.
- Empresas estatales: “Que algunas empresas estatales y la Unidad de Decomiso de Activos de la Fiscalía Nacional [National Prosecuting Authority’s Asset Forfeiture Unit] tomen medidas para recuperar las cantidades pagadas a las partes implicadas como parte de contratos irregulares e ilegales. (…) La creación de un organismo encargado de la identificación, reclutamiento y selección de miembros de la junta directiva, directores ejecutivos y directores financieros de las empresas estatales”.
De acuerdo con Open Secrets, “La erosión de la capacidad, la voluntad política y el ánimo en la Fiscalía Nacional (NPA) se ha convertido en uno de los obstáculos más significativos para la rendición de cuentas en Sudáfrica. Incluso cuando otros investigadores y reguladores del Estado y la sociedad civil descubren evidencia de criminalidad, estos casos se transfieren a la NPA y no se llevan adelante. Es imperativo que todos los futuros líderes de la NPA no solo sean personas de integridad, sino que, lo que es más importante, su nombramiento indique un compromiso con una institución que estará protegida de la interferencia política a largo plazo. La sociedad civil también debería exigir un compromiso de la NPA de que perseguirá casos de crimen económico desde el apartheid hasta la actualidad en un intento de abordar la impunidad.”
- Elección directa del Presidente: “Que se considere cambiar el sistema electoral de Sudáfrica para permitir que el Presidente sea elegido directamente por el pueblo”.