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A medida que la energía renovable alimenta cada vez más nuestras vidas, la demanda de almacenamiento de baterías y otros componentes de infraestructura para producir, transportar, almacenar y alimentar electricidad y dispositivos alimentados por electricidad, como los automóviles, ha crecido exponencialmente. La transferencia global de recursos requerida para mantener este ritmo — comenzando con los productores de materias primas en el Sur Global, a través de las cadenas de suministro que conducen a los fabricantes y luego a los consumidores finales, en su mayoría en el Norte Global — crea nuevas riquezas y numerosas oportunidades de captura, agravando así el riesgo de corrupción — incluido el robo y la desviación de recursos.

El Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) ha seguido de cerca la transición energética, especialmente en lo que respecta a la corrupción en las cadenas de suministro de minerales. “La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París se requerirá cuadruplicar para 2040 la demanda de minerales utilizados en tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. (…) Nuevas minas deberán entrar en producción mucho más rápido que el promedio actual de la industria de 16 años para satisfacer la demanda entrante, pero esto no debe hacerse a expensas de salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La corrupción socavará la capacidad del sector minero y metalúrgico para satisfacer esta creciente demanda de manera responsable, si es que lo hace”.

Transparencia Internacional también ha estudiado la gran corrupción en la transición energética, incluidos ejemplos ilustrativos deGuatemalay laRepública Democrática del Congo(RDC):

“En Guatemala, el intercambio constante de personal entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por un lado, y posiciones de alto nivel en empresas mineras nacionales, que son subsidiarias de multinacionales, por el otro, aumenta los riesgos de captura regulatoria. (…) Varios exfuncionarios políticos en Guatemala tenían vínculos con empresas mineras, ya sea directa o indirectamente a través de sus familiares, lo que difumina los límites entre los intereses públicos y privados. (…) Por ejemplo, se descubrieron vínculos entre el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, su familia y empresas del sector extractivo, y las decisiones que tomaron mientras ocupaban estos cargos pueden haber beneficiado al sector privado.
En la RDC, el código minero de 2002 tenía como objetivo oficial liberalizar el sector y crear un campo de juego nivelado para las empresas mineras. Sin embargo, profundizó aún más la posición privilegiada de las empresas estatales, ya que podían conservar la mayoría de sus permisos valiosos y venderlos como concesiones a otras empresas. (…)
Las empresas estatales típicamente tenían la mayoría de los derechos de minería "en depósitos comercialmente explotables y rentables". (…) Como consecuencia, se volvió común para las empresas obtener derechos de minería al hacer acuerdos conjuntos con estas empresas estatales”.

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